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Lima, lunes 15 de abril de 2013

Ante constantes aniegos de aguas servidas en la ciudad de Chiclayo.

Defensoría del Pueblo recomienda la urgente renovación del alcantarillado para evitar daños en la salud y la contaminación de los cultivos.

Nota de Prensa 076/OCII/DP/2013

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Foto Nota de Prensa
  • Empresa EPSEL S.A. deriva aguas residuales a los canales de regadío que se emplean para irrigar cultivos.

La Defensoría del Pueblo constató las condiciones del vertimiento de aguas residuales en la ciudad de Chiclayo y verificó que los pobladores deben afrontar los aniegos frecuentes de aguas servidas en las calles, debido a la antigüedad de las redes de alcantarillado.

Sumado a ello, la empresa EPSEL S.A. actualmente deriva las aguas residuales de las redes de alcantarillado hacia diversos canales de regadío. Entre ellos se encuentran los canales de Pulen y Cois que atraviesan la ciudad de Chiclayo, en la intersección de las avenidas Fitzcarrald y Jorge Chávez (carretera a Pomalca) y a la altura de la cuadra 25 de la Calle Augusto B. Leguía en la urbanización Miraflores, respectivamente.

Sobre el particular, la Adjunta para el Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas, Alicia Abanto, señaló que se requiere mayor inversión pública para la renovación de las redes de alcantarillado. “Desde el año 2010 la empresa EPSEL S.A. viene tramitando ante el Ministerio de Vivienda el financiamiento para la ejecución de las obras de renovación de estas redes, pero hasta la fecha no se aprueba debido a observaciones que aún no han sido resueltas en el proceso. Esta situación afecta el establecimiento de medidas que ayuden a  resolver el problema que diariamente afecta a los vecinos y vecinas de distintos sectores de Chiclayo”, señaló.

“En cuanto al control del vertimiento de aguas residuales sin tratamiento a los canales de riego y su posterior reúso por los agricultores, ni la Autoridad Local del Agua, ni el Ministerio de Agricultura, ni el Gobierno Regional han dado muestras de acciones para solucionar este problema. Esta situación es grave, no sólo porque se trata del incumplimiento del artículo 135 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, que señala que en ningún caso se podrá efectuar vertimientos de aguas residuales sin previo tratamiento en infraestructura de regadío; sino, principalmente, por la contaminación ambiental que ello genera y el riesgo a la salud de las personas que consumen productos regados con dichas aguas” agregó la funcionaria.

En ese sentido, la Defensoría del Pueblo considera urgente la intervención de las instituciones con competencias en la gestión de las empresas prestadoras y en el control de los vertimientos de aguas residuales, tales como la Autoridad Nacional del Agua, la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento, el Ministerio de Salud, entre otros, a fin de adoptar acciones inmediatas que garanticen el derecho a la salud y al goce de un medio ambiente sano y equilibrado por parte de los pobladores de la ciudad de Chiclayo.

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