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Lima, miércoles 10 de abril de 2013

Durante el mes de marzo, la Defensoría del Pueblo registró 167 conflictos activos.

Nota de Prensa 075/OCII/DP/2013

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Foto Nota de Prensa
  • El total de conflictos sociales, entre activos y latentes, es de 224.
  • Se reportaron ocho conflictos sociales nuevos.
  • Defensoría del Pueblo expresa preocupación por la frustrada reunión del 6 de abril en Cañaris.

La Defensoría del Pueblo dio a conocer el día de hoy el Reporte de Conflictos Sociales N° 109, correspondiente al mes de marzo del 2013, que registra 224 conflictos sociales. De ellos, 167 (74,6%) se encuentran en estado activo y 57 (25,4 %) en estado latente.

El Reporte señala que los conflictos socioambientales siguen siendo los más numerosos. A la fecha son 149 (66.5% del total), habiéndose presentado doce casos nuevos en lo que va del año. En esta materia se encuentra todavía pendiente de implementación el Servicio de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE) que se espera contribuya a reducir los conflictos socioambientales y garantizar de manera imparcial la aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental.

Otro herramienta que puede coadyudar a reducir la conflictividad social es la zonificación económica y ecológica, en donde todavía se observan avances discretos en el país. Con excepción de Amazonas, Cajamarca, Cusco, San Martín y Madre de Dios, en los demás este tema está aún en curso, llamando la atención que regiones con una alta conflictividad como Ancash, La Libertad y Lima no hayan empezado aún. De otro lado, en la implementación del derecho a la consulta previa se observa un ostensible retraso en la publicación de la base de datos de pueblos indígenas, instrumento indispensable para un desarrollo ordenado de la consulta.

Cabe agregar que el mayor número de casos del tipo socioambiental están vinculados a la actividad minera (108 casos que representa el 72,5%). Le siguen las actividades hidrocarburíferas (21 casos que representa el 14,1%), y un 13,4% restante referido a energía, actividades forestales, residuos y saneamiento. En el sector de la minería hay que tener presente que los casos Conga y Espinar aún están pendientes de solución.

El segundo tipo de conflicto más numeroso es el relativo a los asuntos de gobierno local. Son 19 casos (8,5 % del total) cuyas causas giran en torno a la demanda de obras públicas, pedidos de vacancia y suspensión, oposición a la implementación de políticas y falta de transparencia.

Es de particular interés prestarle atención a la decisión final del caso de La Parada, debido a la incertidumbre generada a raíz del fallo del juez que permitiría el retorno de los comerciantes al mercado mayorista, así como las dificultades que tendrá la municipalidad para ordenar esta zona de la ciudad.

El tercer tipo de conflicto con mayor número de casos es el relacionado con la demarcación territorial de las distintas jurisdicciones que hay en el país. Se trata de 14 casos (6,3 % del total), en los que el problema central es que la línea que divide una jurisdicción de otra no es oficial ni definitiva. El caso más notorio es el de Puno-Moquegua que se encuentra ya en la fase en que ambos gobiernos regionales, tras presentar sus propuestas debidamente sustentadas, deberán pasar a un proceso de negociación técnica hasta consensuar el límite.

En cuanto a los departamentos que presentan el mayor número de conflictos sociales, se observa que Áncash continúa siendo el departamento con más conflictos (33). Le siguen Apurímac (21) y Puno (19). Cabe anotar que en Ancash el mayor número de conflictos es entre población y compañías mineras como Antamina, Barrick, Dynacor, Toma la Mano, entre otras, debido principalmente a temores a posibles afectaciones ambientales e incumplimiento de compromisos.

Asimismo, con relación a la competencia para la atención de los conflictos, la obligación principal recae en el Gobierno Nacional en 144 casos (64,3 %), seguido por los Gobiernos Regionales con 50 casos (22,3 %) y los Gobiernos Locales que cuentan con 20 ( 8,9 %).

En relación a los conflictos sociales nuevos, este mes se presentan ocho casos, mayoritariamente socioambientales. Hay que destacar que durante el mes de marzo se resolvieron cinco conflictos sociales, cuatro de ellos del tipo socioambiental, dentro de los cuales destaca el caso de Candarave (Tacna) que tras un largo proceso de diálogo entre el municipio provincial y las organizaciones sociales se llegó a un acuerdo con la empresa Southern Perú Copper Corporation para el uso del recurso hídrico de la zona; y uno por asuntos de gobierno local.

En relación al caso Cañaris, la Defensoría del Pueblo expresa su preocupación por la fallida reunión del pasado 6 de abril que posterga el tratamiento de uno de los temas fundamentales para la solución de este conflicto como es el esclarecimiento de la validez legal de las asambleas comunales en las que se decidió sobre el permiso de exploración a la empresa Candente Copper.

El caso tiene un año en el registro de la Defensoría y al respecto se han realizado cuatro reuniones sin lograr avances sustanciales en el punto central en disputa. Sobre el particular, el Adjunto para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad, Rolando Luque, advirtió que estas demoras injustificadas del tratamiento del caso pueden provocar mayores desconfianzas que pongan en riesgo todo lo avanzado. “El sector minería debe mostrar toda la información relativa al caso y permitir un esclarecimiento definitivo de esta situación”, sostuvo.

Para una visión ampliada y detallada del Reporte Mensual de Conflictos Sociales se invita a los interesados a visitar la siguiente dirección electrónica:
www.defensoria.gob.pe/conflictos-sociales.

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