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Lima, jueves 14 de marzo de 2013

En reporte del mes de febrero del presente año.

Defensoría del Pueblo registra 165 conflictos activos.

Nota de Prensa 054/OCII/DP/2013

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Foto Nota de Prensa
  • El total de conflictos sociales, entre activos y latentes, es de 222.
  • Fueron reportados 6 conflictos nuevos; entre ellos, el de los mineros artesanales de Pataz.

La Defensoría del Pueblo presentó hoy el Reporte de Conflictos Sociales N° 108, que da cuenta de 222 conflictos sociales al mes de febrero del 2013. De esa cifra, 165 (74,3 %) que se encuentran activos y 57 (25,7 %), en estado latente.

El Reporte registra 147 conflictos socioambientales (66,2% del total), manteniéndose la misma cifra de enero del presente año. Le siguen los conflictos por asuntos de gobierno local (20 casos – 9 %) y por demarcación territorial (14 casos - 6,3%).

Las regiones Áncash (32), Apurímac (20) y Puno (19) son las que concentran la mayor cantidad de casos. El Reporte señala que la obligación principal para atender estos conflictos recae en el Gobierno Nacional en 143 casos (64,4 %), seguido por los Gobiernos Regionales en 50 casos (22,5 %) y los Gobiernos Locales que cuentan con 21 ( 9,5 %).

De igual forma, se registraron seis conflictos nuevos. De ellos, por asuntos de gobierno local se registraron dos casos. El primero, involucra a la Municipalidad Distrital de San Marcos, en Áncash, en el cual el alcalde fue vacado por el Jurado Nacional de Elecciones por supuesto nepotismo, pero luego, habría intentado retomar su gestión, amparado por una resolución judicial, lo que generó enfrentamientos. En el segundo caso, los pobladores de Cancas (Tumbes) demandaron a la empresa Aguas de Tumbes cumplir con la prestación del servicio de agua potable sin restricciones.

En Apurímac, un caso socioambiental da cuenta de que la comunidad campesina de San Juan de Chacña opone a la actividad minera en la zona, debido a que un grupo de comuneros estaría realizando esta actividad de manera informal, generando contaminación ambiental. En la provincia de Oyón (Lima) se registró otro caso socioambiental, que daba cuenta de la oposición de la Comunidad Campesina de Huacho a la construcción de una Central Hidroeléctrica, como parte del proyecto Cheves, ya que aseguran se afectarían sus cultivos.

En Puno surgió un caso por asuntos de gobierno regional, en el cual la población de Juliaca demandó al Gobierno Regional iniciar la construcción del Hospital Materno Infantil, pendiente desde el año 2010.

El Reporte, también da cuenta de un caso por asuntos de gobierno nacional, en el cual la Asociación de Mineros Artesanales de Pataz, Región La Libertad, solicitó la intervención de las autoridades competentes para solucionar el impase suscitado con la compañía minera La Poderosa. Al respecto, se tiene conocimiento de enfrentamientos entre mineros informales y personal de la Dirección de Operaciones Especiales (DINOES), en los que se llegaron a registrar disparos de armas de fuego.

De otro lado, durante el mes de febrero, se resolvió un conflicto social por asunto de Gobierno Local en el departamento de Áncash, provincia de Huaylas, distrito de Pueblo Libre, en el que se cuestionaba la falta de transparencia en la gestión municipal. En este caso, luego de la revocatoria del cuestionado alcalde, ocurrida en octubre del 2012, la alcaldesa accesitaria cumplió con realizar una audiencia pública para la rendición de cuentas.

Asimismo, en dicho Reporte la Defensoría del Pueblo expresa su preocupación ante los hechos de violencia y enfrentamientos entre efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) y manifestantes en contra de la actividad minera en la provincia de Cajabamba (Cajamarca) que dejó el lamentable saldo de cinco civiles heridos.

En relación a los últimos acontecimientos ocurridos en Andahuasi, la Defensoría del Pueblo ratifica su respeto a las decisiones judiciales y hace un llamado a la calma a las partes involucradas en el conflicto para evitar afectaciones a la libertad e integridad física de las personas.

Por otro lado, el Reporte alerta sobre las acciones de protesta anunciadas para el mes de marzo. En la primera de ellas, la Comunidad Campesina San Juan de Kañaris ha programado un paro indefinido a partir del 16 de marzo. Una segunda está referida al anuncio del Comité Único de Lucha de Cajamarca de iniciar medidas de protesta contra la Empresa Yanacocha si no retira su maquinaria del Proyecto Minero Conga, dando como plazo para ello hasta el 19 de marzo. En la tercera, autoridades de Baños del Inca (Cajamarca) han anunciado medidas de fuerza contra la Empresa Yanacocha si no suspende sus actividades en las inmediaciones del Cerro La Shacsha.

Ante este escenario, la Defensoría del Pueblo reafirma su compromiso de seguir contribuyendo con la gobernabilidad democrática y pide a las autoridades y a la población retomar la serenidad para llegar a un entendimiento que permita encontrar la solución a los conflictos sin llegar a la violencia.

Para una visión ampliada y detallada del Reporte Mensual de Conflictos Sociales se invita a los interesados a visitar la siguiente dirección electrónica:
www.defensoria.gob.pe/conflictos-sociales.

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