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Lima, sábado 16 de febrero de 2013

Porque vulnera el derecho fundamental de acceso a la información pública:

Defensoría del Pueblo demandó la inconstitucionalidad del artículo 12° del Decreto Legislativo N° 1129.

Nota de Prensa 039/OCII/DP/2013

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Foto Nota de Prensa
  • Porque se establece que toda información que se posea o se produzca en el ámbito de la Seguridad y la Defensa Nacional es secreta.

La Defensoría del Pueblo presentó –en la víspera- ante el Tribunal Constitucional una demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 12º del Decreto Legislativo N° 1129, argumentando que este vulnera el derecho fundamental de acceso a la información pública, reconocido en los artículos 2.5 de la Constitución Política y 13º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

La norma cuestionada establece que son secretos los «acuerdos, actas, grabaciones, transcripciones y en general, toda información o documentación que se genere en el ámbito de los asuntos referidos a la seguridad y defensa nacional, y aquellas que contienen las deliberaciones sostenidas en las sesiones del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional».

De esta manera, se ha establecido una reserva absoluta sobre toda la información referida a la Seguridad y la Defensa Nacional, sin tener en cuenta que no toda la información que se genera o se posea en dicho ámbito es secreta. Dicha norma desconoce, además, que en un Estado democrático y constitucional de Derecho rige el principio de máxima publicidad, por lo que la restricción del acceso a la información pública solo se puede dar de manera excepcional. Incluso, dicha restricción solo es válida si se aplica luego de una evaluación caso por caso que sustente, de manera cierta y con una debida justificación, que su divulgación pone en riesgo la seguridad nacional.

Dicho artículo es contrario a la legislación nacional y a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, así como a los parámetros internacionales ampliamente desarrollados por los órganos garantes del Sistema Universal e Interamericano de Derechos Humanos en materia de acceso a la información pública.

La demanda sustenta, además, que el Poder Ejecutivo excedió los límites de la delegación de facultades que le fueron otorgadas por el Congreso de la República mediante la Ley N° 29915, ya que el Poder Legislativo solo lo autorizó a crear la Secretaría de Seguridad y Defensa Nacional (Sedena) para fortalecer la constitución y funcionamiento del Sistema de Seguridad y Defensa Nacional, y no para modificar el régimen jurídico del derecho fundamental de acceso a la información pública.

El Defensor del Pueblo (e), Eduardo Vega Luna, sostuvo que «la presentación de esta demanda representa una oportunidad valiosa para que el Tribunal Constitucional pueda desarrollar y precisar con claridad cuáles son los alcances y límites del derecho de acceso a la información pública relacionada con la Seguridad y la Defensa Nacional, en un Estado constitucional y democrático de Derecho como el peruano.

Asimismo señaló que «no se busca debilitar a las Fuerzas del Orden, sino por el contrario, fortalecerlas, pues en un Estado democrático la transparencia existe para garantizar una gestión eficiente de los recursos públicos y otorgarle a las entidades públicas y a sus servidores, legitimidad frente a la ciudadanía».

Vega Luna manifestó que, «la Defensoría del Pueblo reafirma su compromiso y disposición para seguir trabajando en el objetivo de impulsar el pleno respeto de la transparencia y el derecho fundamental de acceso a la información pública en nuestro país».

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