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Lima, martes 05 de febrero de 2013

Para combatir la minería ilegal.

Defensoría del Pueblo recomendó al Poder Ejecutivo intensificar lucha contra la minería ilegal.

Nota de Prensa 028/OCII/DP/2013

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Foto Nota de Prensa
  • Pese a los avances en el proceso de formalización, quedan tareas pendientes para lograr la erradicación de la minería ilegal.
  • Está pendiente la implementación de la ventanilla única para la formalización y el control efectivo del mercurio y cianuro, entre otras.

El Defensor del Pueblo (e), Eduardo Vega Luna, exhortó a las autoridades del Poder Ejecutivo a intensificar la lucha contra la minería ilegal, en aras de frenar el crecimiento que viene experimentando esta actividad en los últimos años. Así lo señaló durante la presentación de los resultados de una supervisión a 27 instituciones del Estado, respecto al cumplimiento de los Decretos Legislativos promulgados al amparo de la Ley Nº 29815.

Vega precisó que de un total de 135 obligaciones supervisadas, 64 se encuentran con avances, 22 en coordinación, 22 sin avances y respecto a las 27 restantes no se recibió información. “El balance no es desalentador. Sin embargo, invocamos a las autoridades, organizaciones y población en general, a contribuir en la consolidación del ordenamiento de la minería informal y la erradicación definitiva de la minería ilegal que tanto daño ambiental, social y económico hace a nuestro país”, enfatizó.

Más adelante, el funcionario destacó que entre los principales avances se tiene la creación del Registro Nacional de Declaraciones de Compromiso y del Instrumento de Gestión Ambiental Correctivo para evaluar y mitigar el impacto ambiental. Asimismo, destacó el establecimiento de áreas geográficas, rutas fiscales y puestos de control en Madre de Dios; así como las acciones de interdicción realizadas en Loreto, Junín, Madre de Dios y Áncash que suman 59 durante el año 2012.

No obstante estos avances, la Adjunta para el Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas, Alicia Abanto, afirmó que, se encuentra pendiente la implementación de la ventanilla única para la formalización minera, así como del Fondo para el Proceso de Formalización de las Actividades de Pequeña Minería y Minería Artesanal. También debe realizarse el diseño del Plan de Recuperación de los Impactos Ambientales, el control y fiscalización efectiva de los insumos químicos, maquinarias y equipos utilizados en la minería ilegal. Sumado a ello, se debe implementar el registro y control de los usuarios del mercurio, cianuro de potasio y el cianuro de sodio.

Abanto reiteró la necesidad de que el Estado fortalezca su accionar contra la minería informal e ilegal en el marco de una actuación coordinada, planificada y sostenida en el tiempo, que garantice el cumplimiento de los objetivos establecidos en materia de formalización, remediación, interdicción y persecución de la minería ilegal.

Por ello, la Defensoría del Pueblo recomendó al Poder Ejecutivo, garantizar que en el Presupuesto de la República, se asignen los recursos financieros que permitan la implementación de medidas destinadas a enfrentar la minería informal e ilegal en todo el territorio nacional.

“La minería ilegal contraviene frontalmente las leyes y el Estado de Derecho y su ilegalidad es causa de enormes perjuicios para la vida, la integridad, la salud de las personas, para el medio ambiente, el mercado, la economía y la propia institucionalidad del Estado” puntualizó el Defensor del Pueblo en funciones y a la vez recordó que “en Madre de Dios se han perdido, para siempre vidas humanas, bosques, tierras y ríos”.

Dijo que, atender esta problemática es una obligación impostergable para el Estado. Un primer paso para cumplir con estas obligaciones ha sido la dación de los Decretos Legislativos (del 1099 al 1107), publicados en el 2012, pero ello no debiera agotar los esfuerzos del Estado en su lucha contra las actividades mineras ilícitas.

Agregó que, es necesario implementar dicho marco normativo en acciones concretas que permitan la formalización de aquellos mineros que se adecúen al régimen establecido, la erradicación de actividades mineras delictivas y la remediación ambiental y social de impactos generados por estas actividades.

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