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Lima, viernes 19 de mayo de 2017

Estado debe mejorar servicios de educación, salud y seguridad en zonas indígenas

Defensoría del Pueblo advierte grave situación de niñas y adolescentes indígenas

Nota de Prensa 150/OCII/DP/2017

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Foto Nota de Prensa
  • Las mujeres indígenas están desprotegidas frente a casos de violencia.

Tras un informe de la Defensoría del Pueblo se pudo constatar la grave situación de las niñas y adolescentes indígenas al no recibir una adecuada protección del Estado respecto de sus derechos a la educación, salud e integridad. En este informe se evidencia las múltiples formas de exclusión y discriminación que las coloca en una situación de mayor vulnerabilidad y desigualdad.

Una de las causas es la inexistencia de instituciones educativas de nivel secundaria en zonas rurales, pues sólo 2 de cada 10 comunidades nativas y 4 de cada 10 comunidades campesinas, cuentan con este servicio. Por esta razón, las niñas y adolescentes afrontan muchas dificultades para lograr su asistencia, permanencia y culminación de la etapa escolar, debido a que los traslados son costosos e inseguros para las poblaciones indígenas que viven en zonas alejadas.

Frente a esta realidad, el Estado no brinda la protección adecuada a los estudiantes mediante la implementación y gestión de residencias estudiantiles u otras formas de servicio. La carencia de alimentos, abrigo, servicios higiénicos, medios de transporte y seguridad, entre otros, propicia que tan sólo el 27% de las mujeres indígenas de 15 años a más alcance el nivel secundario en zonas rurales.

Por otro lado, las adolescentes embarazadas sufren diversos impedimentos para la permanencia y culminación de su educación y este problema tampoco recibe una intervención adecuada del Estado. Al respecto, la Defensoría ha verificado que existen autoridades y profesionales de educación y salud que no cumplen con brindar educación sexual integral con un enfoque intercultural. Por ello, las adolescentes no reciben información adecuada y acceso a métodos anticonceptivos modernos u otros servicios de salud sexual y reproductiva.

Otro de los graves problemas identificados es que el sistema administrativo de sanciones del sector educación no es efectivo para prevenir la violencia sexual contra niñas y adolescentes indígenas. Esto se agrava debido a una serie de barreras que impiden a las estudiantes y sus familiares a presentar denuncias y a las carencias de protección de sus propias comunidades.

Los lugares visitados fueron los distritos de El Cenepa (Amazonas), Urarinas (Loreto), Río Tambo (Junín), Huayrapata (Puno), Tupe (Lima) y Paucará (Huancavelica) y se entrevistó a miembros de los siguientes pueblos indígenas: Awajun, Urarina, Asháninka, Jaqaru, Quechua y Aimara.

Estos y otros hallazgos están contenidos en un reciente Informe de Adjuntía N° 002-2017-DP-AMASPPI-PPI emitido por la Defensoría del Pueblo en defensa de los derechos de las niñas y adolescentes indígenas.

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