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Lima, martes 07 de marzo de 2017

Defensoría del Pueblo exhorta a Poder Judicial brindar atención urgente a comunidad nativa Tres Islas

Nota de Prensa 066/OCII/DP/2017

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Foto Nota de Prensa
  • Han pasado más de cuatro años sin que se haga efectiva la sentencia que el Tribunal Constitucional dictó a su favor.
  • Incumplimiento afecta sus derechos al territorio comunal y al medio ambiente, además de poner en riesgo a los integrantes de la comunidad.

La Defensoría del Pueblo (DP) manifiesta su preocupación por la injustificada demora en la ejecución de la sentencia de amparo dictada por el Tribunal Constitucional (TC) el 11 de setiembre de 2012 en favor de la comunidad nativa Tres Islas, ubicada en Madre de Dios y cuyos miembros forman parte de los pueblos indígenas Shipibo Conibo y Ese’eja.

Al declarar fundada la demanda interpuesta por la comunidad en razón de la afectación de sus derechos a la autonomía y a la propiedad de la tierra comunal, el TC concluyó que la construcción de una casa comunal y una tranquera constituye una medida legítima para controlar el ingreso de terceros a la comunidad.

Sin embargo, habiendo transcurrido cuatro años desde su emisión, aún no se ha hecho efectivo lo dispuesto en la sentencia. Esta indebida dilación no solo supone un incumplimiento de los deberes funcionales por parte de los jueces a cargo del proceso, sino que impide a los integrantes de la comunidad gozar plenamente de sus derechos.

Al respecto, en la última reunión sostenida con nuestra institución, los representantes de la comunidad denunciaron que la demora en la ejecución de la sentencia viene favoreciendo el incremento de actividades ilícitas como la minería ilegal, dentro de su territorio, lo que a su vez genera contaminación y afecta la salud de estas personas.

Ante esta situación, la DP exhorta al Poder Judicial a adoptar las medidas necesarias para dar pronto cumplimiento a todos los extremos de la sentencia emitida por el TC. Asimismo, invoca al Ministerio Público a que, con el apoyo del número necesario de efectivos policiales, reinicie las acciones de interdicción en dicha localidad. Además, solicita al Ministerio de Salud y al Gobierno Regional atender los problemas de salud de los integrantes de la comunidad Tres Islas afectados por la contaminación derivada de la minería ilegal.

La Defensoría del Pueblo destaca los esfuerzos de la comunidad a efectos de exigir el respeto de sus derechos mediante mecanismos constitucionales y legales, por lo que reitera su compromiso de supervisar el cumplimiento de las obligaciones del Estado y adoptar las medidas que permitan garantizar plenamente sus derechos.

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