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Lima, miércoles 18 de enero de 2017

Defensor del Pueblo solicita al Congreso considerar criterios del Minedu para definir edad de ingreso al sistema educativo

Nota de Prensa 017/OCII/DP/2017

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Foto Nota de Prensa
  • Proyecto de ley del Legislativo incluye como posibles matriculados a alumnos que no se adaptan a las medidas constitucionales ni a los tratados de derechos humanos.
  • La edad establecida responde a las necesidades sociales, emocionales y afectivas de los educandos, sostiene el Minedu.

El Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez Camacho, remitió a la Presidenta del Congreso de la República, Luz Salgado Rubianes, un oficio pronunciándose a favor de un amplio debate legislativo sobre la edad de los estudiantes para acceder al sistema educativo. Recomendó que, más bien, se consideren los criterios técnico-pedagógicos expresados por el Ministerio de Educación (Minedu) y el Consejo Nacional de Educación

La Comisión de Educación, Juventud y Deporte del Congreso de la República aprobó un dictamen que modificaría el artículo 36 de la Ley General de Educación. En él, busca establecer que la edad para la matrícula escolar sea la cumplida al 31 de julio, no el 31 de marzo, como lo establece el Minedu.

Gutiérrez Camacho señaló que el dictamen busca ampliar las posibilidades de matrícula en el nivel inicial de niños y niñas de 3, 4 y 5 años, así como para el primer grado de nivel primaria, a estudiantes que no cumplen con la edad fijada por el Minedu. Lamentablemente, el dictamen no basa el cambio en un razonamiento lógico ni sustenta el posible impacto de la modificación en el desarrollo integral de los estudiantes.

Recordó al Congreso que el Poder Judicial declaró, en una sentencia de acción popular, que la norma que establece la matrícula con la edad cumplida al 31 de marzo “constituye una norma válida, conforme a la Constitución, los tratados sobre derechos humanos y a las normas legales”. Por su parte, el Tribunal Constitucional ha manifestado en su jurisprudencia que el Minedu es el ente rector de la política educativa del país y, en consecuencia, sus normas y disposiciones son de cumplimiento obligatorio.

El Minedu opina que la matrícula conforme a la edad cumplida al 31 de marzo responde a un criterio técnico basado en teorías que establecen que los niños y las niñas deben tener el tiempo necesario para madurar emocional, afectiva, social y cognitivamente, de manera que puedan tener aprendizajes significativos durante la etapa escolar. A su vez, el Consejo Nacional de Educación considera que la modificación afectaría a los menores de edad, en la medida que adelantar etapas en su crecimiento y enfrentarlos a situaciones de aprendizaje complejas para su edad y madurez psicoemocional puede generar consecuencias irreparables en su formación posterior.

La Defensoría del Pueblo recuerda la obligación internacional que tiene el Estado de considerar de manera prioritaria el derecho y principio del interés superior del niño, en cualesquiera decisiones que adopte –legislativas, administrativas o judiciales– que involucren a los niños y las niñas.

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