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Lima, lunes 12 de diciembre de 2016

No garantizar servicio de limpieza pública implicaría responsabilidad penal

Nota de Prensa 224/OCII/DP/2016

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Foto Nota de Prensa
  • “Responsabilidad penal por omisión de funciones compromete a funcionarios de empresa de limpieza pública”, precisa el Defensor del Pueblo.

A raíz de los problemas que se vienen presentando en el servicio de limpieza pública en Lima y varias provincias del país, los que afectan la salud de las personas y el medio ambiente, el Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, dio a conocer su preocupación y exigencia a las autoridades de que garanticen la continua prestación de dicho servicio en todas las localidades. Asimismo, anunció que la Defensoría realizará una supervisión nacional para obtener un diagnóstico sobre este servicio.

“Si bien, en algunos casos, el servicio de limpieza pública se encuentra a cargo de un tercero, la titularidad de dicha obligación siempre corresponde a las municipalidades”, señaló el representante de la Defensoría del Pueblo, recordando que el mismo constituye un servicio público individualizado que se brinda en contraprestación al pago de arbitrios. Cabe recordar que, a la fecha, se ha recaudado el 80 % del monto de arbitrios esperado a nivel nacional, lo que perjudica la adecuada prestación de los servicios públicos. 

En el mismo sentido, resaltó que la ausencia o inadecuada prestación del servicio de limpieza pública, implica el incumplimiento de deberes de función y no solo constituye responsabilidad administrativa, sino también penal.

No prestar el servicio de limpieza pública, implica, a su vez, la comisión de ilícitos penales como la omisión de funciones o demora de actos funcionales por parte de los funcionarios públicos que tienen dicho deber a su cargo. Este alcanza también a los terceros que prestan dicho servicio, en tanto que quienes mantengan vínculo contractual de cualquier naturaleza con el Estado, y que en virtud de ello ejerzan funciones o la prestación de un servicio, son considerados funcionarios públicos, de acuerdo al Código Penal.

El Defensor del Pueblo, recordó a los alcaldes de los municipios que vienen afrontando este problema que “independientemente de las controversias entre las entidades y las empresas contratadas que prestan servicios a la comunidad, la continuidad de estos debe garantizarse”, recordando además que “la responsabilidad penal por omisión de funciones compromete a los funcionarios de la empresa que brinda el servicio”.

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