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Lima, sábado 12 de noviembre de 2016

Ante vertimiento de aguas residuales por parte de Sedapal y la afectación ambiental.

Defensoría del Pueblo demanda a entidades del Estado mayor celeridad para resolver contaminación en la playa Arica.

Nota de Prensa 203/OCII/DP/2016

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Foto Nota de Prensa
  • La Asociación Agropecuaria Sumac Pacha y Sedapal deben llegar a un entendimiento que garantice el derecho al medio ambiente y el servicio de saneamiento.
  • Se solicita al Ministerio Público y al Poder Judicial resolver con imparcialidad los diversos procesos judiciales y denuncias entre ambas partes.

La compleja problemática que representa el vertimiento de aguas residuales no tratadas a la playa Arica y el desborde de las mismas a la zona residencial y comercial de Lurín, desde fines de setiembre último, ha llevado a la Defensoría del Pueblo a invocar que la Asociación Agropecuaria Sumac Pacha y la empresa Sedapal lleguen a un acuerdo, para que no se continúe afectando el derecho a un ambiente sano y se garantice un adecuado servicio de saneamiento.

Ante este panorama, la Defensoría solicita a las instituciones competentes en el tema a responder los requerimientos efectuados por esta entidad, y al Ministerio Público (MP) y Poder Judicial (PJ) a resolver el proceso seguido entre ambas partes en conflicto.

La Defensoría del Pueblo constató que el problema se originó por un conflicto judicial entre Sedapal y la Asociación Agropecuaria Sumac Pacha, que impide la operación y mantenimiento de la Planta de tratamiento de aguas residuales Nuevo Lurín (PTAR Nuevo Lurín) de Sedapal. Esto ha afectado el medio ambiente y también ha puesto en riesgo la continuidad del servicio de saneamiento.

Conocido el problema, se envió un oficio al jefe de la Autoridad Nacional de Agua (ANA), solicitándole informe sobre acciones correctivas y de fiscalización, tras la denuncia efectuada por la Municipalidad de Lurín. En respuesta, la ANA constató la existencia de una descarga de aguas residuales de la estación de bombeo CD210 de Sedapal. Ante ello, inició un segundo procedimiento sancionador con la empresa, por reincidencia en la infracción. Asimismo, precisaron que la Autoridad Local del Agua Chillón–Rímac–Lurín ha monitoreado el agua para determinar el grado de afectación.

También se cursaron oficios a Sedapal, al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental y, recientemente, a la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento, solicitándoles información de sus acciones en el marco de su competencia.

Con respecto al pedido de la empresa de ordenar el descerraje y demolición de cualquier obstáculo que impida el acceso a las instalaciones de la PTAR Nuevo Lurín, el 7° Juzgado Constitucional solicitó a Sedapal acreditar que el impedimento del acceso y el rebose de las aguas servidas no tratadas a la playa Arica afecta el medio ambiente y la salud de la población. Además, la empresa debe presentar planos y/o fotografías que indiquen la localización exacta de la planta, además de las constataciones policiales y de las fiscalías Ambiental y de Turno; este requerimiento fue atendido por Sedapal el 2 de noviembre. (Ver nota completa)

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