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Lima, lunes 24 de octubre de 2016

Tras supervisión realizada a 14 entidades.

Moquegua: Defensoría del Pueblo advierte que municipalidades no garantizan el cumplimiento del derecho al acceso a la información pública.

Nota de Prensa 179/OCII/DP/2016

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Foto Nota de Prensa
  • Municipios presentan problemas con la publicación del TUPA, realizan cobros ilegales por la reproducción y entrega de la información y algunos no han designado al funcionario encargado de atender los pedidos de acceso.

La Oficina Defensorial de Moquegua, tras supervisión realizada a 14 entidades (entre gobiernos locales y centros poblados), advirtió deficiencias en el cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso de Información Pública. Ello ha quedado evidenciado en problemas con la publicación del Texto Único de Procedimiento Administrativo (TUPA); costo de reproducción de la información, y designación de funcionario responsable de atender los petitorios.

Durante el 2016, la oficina ha recibido 44 quejas en relación a la afectación al derecho al acceso a información de carácter público, de los cuales 13 corresponden a gobiernos locales. En ese sentido, se procedió a supervisar 3 gobiernos provinciales, 6 gobiernos locales distritales y 5 gobiernos locales de Centro Poblado.

Con la supervisión se buscaba advertir problemas en el nivel de cumplimiento de las normas que desarrollan el derecho de acceso a la información pública; así, se constató que solamente el Gobierno Local Distrital de Pacocha y el Centro Poblado (C.P.) San Antonio han publicado su TUPA en lugar visible al público. Esta situación puede generar actos de arbitrariedad e ilegalidad, al generarse pagos fuera de la ley.

En efecto, respecto a los costos de reproducción, según la Ley solamente deben cobrarse los que son directos y exclusivamente vinculados con la reproducción solicitada, y que dichos montos deben figurar en el TUPA de la entidad (no estando facultados a cobrar por copia certificada o cualquier otro concepto).

Sin embargo, las municipalidades de Puquina, Ilo, Algarrobal, Cuchumbaya, Torata, Sánchez Cerro, Mariscal Nieto, Calacoa-San Francisco y Pacocha, además de los C.P. Chen Chen, San Francisco y Los Ángeles cobran montos de copias certificadas, que van desde S/ 2.30 soles a S/ 5.70 soles (se han identificado cobros ilegales, como pagar por derecho de trámite, brindar información a través de un USB o enviar la información por correo electrónico).

Asimismo, el municipio de Puquina no ha establecido plazo alguno para la entrega de la información y el de Cuchumbaya ha regulado un plazo mayor al legalmente estricto, situaciones que también afectan al derecho mencionado. Agregado a ello, 08 de las entidades supervisadas no han designado formalmente a una persona encargada de atender los pedidos de información.

Por ello, la Defensoría del Pueblo ha recomendado a cada una de las autoridades ediles tomar medidas para revertir las situaciones mencionadas, toda vez que es obligación de los alcaldes garantizar el ejercicio del derecho al acceso a la información pública y el cumplimiento de las obligaciones de transparencia. Además, se les ha exhortado a fortalecer las capacidades del personal que atiende los pedidos de información, de tal forma que los pedidos no sean derivados y se excedan los plazos establecidos.

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