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Lima, domingo 23 de octubre de 2016

Defensor del Pueblo: La lucha contra el crimen organizado y la corrupción son políticas públicas con estatus constitucional.

Nota de Prensa 177/OCII/DP/2016

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  • Consideró que la norma es constitucional.

En relación a la ley de inhabilitación perpetua promulgada ayer por el Ejecutivo, el Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez Camacho, señaló que si bien el Tribunal Constitucional ha considerado el acceso a la función pública como un derecho de todos los ciudadanos a intervenir en la gestión del Estado, este no es un derecho absoluto. En este sentido, dijo, puede ser objeto de limitaciones como todo derecho fundamental.

Estas restricciones deben hacerse para preservar otros fines igualmente valiosos. En el caso de inhabilitación perpetua, el Defensor precisó, que el propio Tribunal Constitucional ha establecido que el combate contra la criminalidad organizada forma parte de la política del Estado y constituye un asunto de interés nacional, por lo que todos los poderes del Estado deben ser alineados en el cumplimiento de esa responsabilidad.

En esta línea, Gutiérrez Camacho añadió que la sanción penal aprobada, mediante Decreto Legislativo, se refiere a delitos que no solo afectan el patrimonio del Estado sino que afectan la buena marcha de los programas sociales y, por lo tanto, ponen en serio riesgo los derechos fundamentales a la salud, a la educación, o a la alimentación de niños y adultos mayores.

Finalmente, indicó que si bien en principio debe presumirse la constitucionalidad de la norma, debido a que los derechos fundamentales no son absolutos y a los valores constitucionales que sustentan la norma, sería conveniente promover un proyecto de reforma constitucional para precisar los alcances del concepto plazo recogido en el artículo 41 de la Constitución, pues este puede ser el principal cuestionamiento del dispositivo. 

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