Lima, lunes 26 de septiembre de 2016
A través de una adecuación del reglamento de la Ley 29535.
Defensoría del Pueblo recomendó accesibilidad de servicios públicos a personas sordas a través de intérpretes en lengua de señas.
Nota de Prensa 162/OCII/DP/2016
La Defensoría del Pueblo, recomendó al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) adecuar el proyecto de reglamento de la Ley N° 29535 que otorga el reconocimiento oficial a la lengua de señas peruana al marco de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, a fin de asegurar que estas personas puedan acceder a los servicios públicos brindados en las diferentes instituciones.
A solicitud del Asociación Mundial de Intérpretes de Lengua de Señas (Wasli por sus siglas en inglés) y de la comunidad de personas sordas, en el 2015 la Defensoría del Pueblo promovió la reglamentación de la Ley N° 29535, que otorga el reconocimiento oficial a la lengua de señas peruana. La propuesta contempla la educación de las personas sordas; la regulación de la enseñanza de la lengua de señas peruana para estudiantes sordos en el nivel inicial y primaria; la enseñanza de la lengua de señas y la cultura sorda en la educación superior; así como la formación, acreditación y registro del intérprete de lengua de señas.
Lo que se solicita es profundizar el proceso de inclusión y accesibilidad en la comunicación de estas personas en la sociedad, para que tengan la oportunidad de desarrollar sus capacidades y puedan participar en igualdad de condiciones que las demás personas.
Cabe recordar que de acuerdo a la primera Encuesta Nacional Especializada sobre Discapacidad –ENEDIS 2012, existen 532 mil personas que tienen una limitación permanente para oír. Asimismo, actualmente solo hay 23 intérpretes de lengua de señas a nivel nacional, existiendo la obligación de las instituciones públicas y privadas que brindan atención al público de contar con un servicio de intérpretes en lengua de señas peruana.
Bajo el lema “Con la lengua de señas, somos iguales”, la Semana Internacional de las Personas Sordas pretende visibilizar la situación que viven este sector de la población y promover el respeto de sus derechos fundamentales. Con este motivo, la Defensoría del Pueblo participará de una jornada de solidaridad e intercambio con niños y niñas sordas, intérpretes en lengua de señas, profesores y autoridades.
“Es una gran oportunidad para acercarnos a la realidad de estas personas, para conocer sus problemas y reconocer sus capacidades y los aportes que realizan a la sociedad”, señaló Malena Pineda, jefa del Programa de Defensa y Promoción de los Derechos de las Personas con Discapacidad.
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