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Lima, jueves 15 de octubre de 2015

Durante presentación de resultados de supervisión a entidades públicas.

Defensoría del Pueblo propone medidas concretas para superar problemas que afectan la obtención de información pública.

Nota de Prensa 224/OCII/DP/2016

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  • Se supervisó a 19 ministerios, 36 municipalidades distritales de Lima Metropolitana, 17 gobiernos regionales y 15 municipalidades provinciales a nivel nacional.

El Defensor del Pueblo (e), Eduardo Vega Luna, instó hoy a las máximas autoridades de las entidades públicas a mejorar las condiciones laborales de los funcionarios responsables de acceso a la información pública. Indicó que la constante rotación del personal asignada a esta tarea, repercute negativamente en la oportunidad en que se brinda la información que puede ser solicitada.

A nivel nacional, el 33% de los funcionarios en municipalidades provinciales tiene menos de 1 año en el cargo. Mientras que el nivel de rotación más alto se presenta en los ministerios, en los cuales el 50% de los funcionarios tiene menos de 1 año en esta función, señala la supervisión que permitió constatar los incumplimientos de las nuevas obligaciones establecidas en el Reglamento de la Ley y que fueron incorporadas en junio de 2013 (Decreto Supremo Nº 070-2013-PCM).

Durante la presentación de los resultados de la supervisión del cumplimiento del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública en 19 ministerios, 36 municipalidades distritales de Lima Metropolitana, 17 gobiernos regionales y 15 municipalidades provinciales, Vega Luna señaló que se ha podido comprobar la exigencia de cobros desproporcionados e ilegales, de requisitos innecesarios, entre otros motivos, paraentregar información pública.

También se ha podido identificar que el 42% de ministerios establecen costos desproporcionados para acceder a información en formato simple. En el 92% de las municipalidades distritales de Lima Metropolitana se establecen cobros por copias fedateadas. De esta manera, llamó la atención enfáticamente a las entidades públicas den cumplimiento a lo establecido por el Tribunal Constitucional quien ha proscrito los cobros desproporcionados e ilegales en esta materia.

El funcionario mostró su preocupación por la exigencia de requisitos ilegales para la atención de las solicitudes de información pública. Se identificó que el 33% de las municipalidades distritales de Lima Metropolitana exigen la presentación de la copia del Documento Nacional de Identidad, el 50% de las municipalidades provinciales solicitan a las personas que sustenten para qué piden la información y en el 21% de los casos, estas entidades exigen que se asegure su buen uso.

También reiteró que los incumplimientos y problemas reiterados en el procedimiento de atención de las solicitudes de información, guardan relación con la ausencia en el ámbito administrativo de una Autoridad Nacional en Transparencia y Acceso a la Información Pública, que fiscalice y sancione los incumplimientos de la Ley, revise las negativas de acceso a la información pública y establezca criterios jurídicos vinculantes.

Recordó que desde el 2012, la institución que representa viene insistiendo en la necesidad de que el Poder Ejecutivo promueva la creación de una autoridad garante y autónoma en la materia. Esta propuesta fue sustentada técnicamente en la PCM y cuenta con el respaldo de destacados académicos, organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación. Sin duda esta nueva institucionalidad bien conducida contribuirá de manera decisiva a que las personas ejerzan efectivamente sus derechos, a luchar eficazmente contra la corrupción y a mejorar la gestión pública.

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