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Lima, jueves 24 de septiembre de 2015

Durante el II Diálogo Nacional entre el Estado y la sociedad civil.

Defensor del Pueblo sostuvo que mujeres no pueden acceder a la justicia por problemas en la interpretación y aplicación de las normas para defenderlas.

Nota de Prensa 205/OCII/DP/2015

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Foto Nota de Prensa
  • Es necesario reforzar la obligación de un trato respetuoso y digno a la víctima durante la toma de sus declaraciones.

El Defensor del Pueblo (e), Eduardo Vega Luna, reconoció hoy los avances –principalmente normativos- alcanzados en las últimas décadas para poner en agenda pública la problemática de la violencia contra la mujer; y señaló que los principales obstáculos para las mujeres que sufren violencia es la interpretación y aplicación de las normas por parte de las y los operadores jurídicos.

“Una mujer violentada sexualmente requiere atención y protección del sistema de justicia. Pero, en ocasiones, lo que encuentra es que los operadores y operadoras de justicia responsabilizan a las propias víctimas por el delito sufrido”, anotó durante el II Diálogo Ciudadano Nacional entre el Estado y la sociedad civil, organizado por Demus y que contó con la presencia de representantes del Poder Judicial, Ministerio Público, del Consejo Nacional de la Magistratura y de organizaciones de mujeres provenientes de diferentes regiones del país.

El funcionario señaló la necesidad de reforzar la obligación de un trato respetuoso y digno a la víctima en el contexto de la toma de sus declaraciones, para evitar su revictimización. Esto se evidencia, por ejemplo, en que se les haga relatar los hechos en diversas oportunidades, en las preguntas que plantean dudas sobre la veracidad de su relato, en los casos de violación sexual se sigue indagando sobre su pasado sexual; o cuando las declaraciones se dan en ambientes en los que no se garantiza confianza y privacidad, entre otros.

Vega Luna anotó que, tradicionalmente, los medios de prueba se han centrado en las pruebas físicas, olvidando que –por lo general- la violación sexual se produce con la única presencia de la víctima y el agresor. Así, es muy inusual que existan pruebas gráficas o documentales sobre el hecho, y la declaración de la víctima es la prueba fundamental del delito cometido.

A continuación manifestó que se ha podido constatar que aún falta fijar criterios objetivos para la determinación de la reparación civil, que suele fijarse en base a los intereses de los sentenciados y por montos ínfimos, transgrediendo de esta manera la propia naturaleza de la reparación civil, que busca tratar de compensar el daño generado a la víctima.

No menos importante –subrayó- es la falta de medidas de protección para la agraviada, previstas tanto en la Ley de Protección frente a la Violencia Familiar así como en el artículo 248 del Código Procesal Penal. En la mayoría de casos, no se emitieron estas medidas, mientras que otros sólo se ordenaron la reserva de la identidad de la víctima.

Finalmente, Vega resaltó que el II Dialogo Nacional entre el Estado y la sociedad civil es un espacio valioso y necesario para fortalecer la coordinación y acciones en la lucha contra el intolerable fenómeno de la violencia contra la mujer.

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