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Lima, miércoles 09 de septiembre de 2015

Defensoría del Pueblo solicita al Ministro de Defensa que determine la procedencia de las granadas y otros explosivos usados por la delincuencia.

Nota de Prensa 197/OCII/DP/2015

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Foto Nota de Prensa
  • Asimismo, recomendó al Poder Ejecutivo evaluar el incremento de penas por tenencia ilegal de explosivos y armas de guerra.

La Defensoría del Pueblo expresó hoy su preocupación por el aumento del uso de granadas de guerra por parte de la delincuencia con los cuales se afecta la vida e integridad de personas e incrementa los niveles de violencia en el país, por lo que solicitó al Ministerio de Defensa información sobre la procedencia de dichos explosivos y cómo es que estos llegan a manos de la delincuencia.

En comunicación dirigida al titular de Defensa, Jakke Valakivi, el Defensor del Pueblo (e), Eduardo Vega Luna, basó su requerimiento en el aumento de nuevos hallazgos de granadas en la vía pública. Como consecuencia de ello, el lunes 7 de setiembre el sub oficial de la Policía Nacional del Perú (PNP), Adolfo Castellano Carrillo, perdió la vida intentando desactivar uno de estos explosivos que había sido colocado frente a la puerta de la Institución Educativa Cristo Salvador, en el distrito de Villa El Salvador.

Más adelante y en atención a las facultades legislativas otorgadas al poder Ejecutivo, Ley N° 30336, el representante de la Defensoría del Pueblo recomendó al Ministerio del Interior evaluar el incremento de la pena por tenencia ilegal de explosivos y armas de guerra.

Subrayó que dado los hechos de inseguridad acontecidos en estos últimos días, requirió al portafolio de Defensa información relacionada a las medidas de control y fiscalización que se vienen adoptando sobre el uso, almacenamiento y custodia de granadas de guerra u otros explosivos, así como las acciones y medidas realizadas para determinar la procedencia de explosivos que han sido utilizados últimamente en colegios y vías públicas por la delincuencia.

La Defensoría del Pueblo reitera su compromiso de colaborar con todo aquello que desde su mandato constitucional contribuya a mejorar la seguridad ciudadana en el país.

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