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Lima, viernes 29 de mayo de 2015

En oficio dirigido al Séptimo Juzgado Especializado Civil de Chiclayo.

Lambayeque: Defensoría del Pueblo exhorta a garantizar derechos laborales de trabajadores de empresa agroindustrial Tumán.

Nota de Prensa 104/OCII/DP/2015

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Foto Nota de Prensa
  • Administración judicial actual no ha cumplido con garantizar estos derechos.
  • Conflicto ha originado protestas, con el lamentable saldo de una víctima mortal.

Tras constatar la vulneración de derechos laborales en la Empresa Agroindustrial Tumán S.A., la Defensoría del Pueblo solicitó –mediante oficio al Séptimo Juzgado Especializado Civil de Chiclayo– la evaluación del desempeño de la actual administración judicial instalada en la compañía, con la finalidad de garantizar el bienestar de los trabajadores activos y jubilados.

Cabe señalar que, en los últimos días, se han producido protestas –con el lamentable saldo de una persona fallecida– de los trabajadores activos, jubilados, viudas y herederos. Ellos cuestionan la labor de la actual administración judicial, pues no ha cumplido con diversas obligaciones laborales y ha generado inestabilidad en la marcha de la empresa, según un memorial presentado a la institución el 25 de mayo.

En efecto, se conoció que la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Lambayeque –en el periodo del 2006 al 2014– multó con más de S/.184.318.00 a la empresa, por contravención a las normas laborales de sus trabajadores. Asimismo, ante dicha instancia, la Defensoría del Pueblo presentó un oficio en abril del presente año, en el que recomendaba verificar un nuevo incumplimiento de obligaciones. En ese sentido, se concluye que la administración judicial no está realizando las gestiones necesarias para garantizar lo que, por derecho, les corresponde a sus empleados.

Además, se verificó que la administración judicial de la empresa no ha cumplido con cancelar sus acreencias laborales, tributarias y comerciales; por el contrario, han solicitado un nuevo cronograma ante el INDECOPI –amparados en la Ley Nº30232– que les permitiría cumplir con el pago hasta el año 2030 sin tener en cuenta la situación de los trabajadores jubilados, quienes, al ser mayores de 60 años, no podrán hacer realidad el cobro de sus acreencias.

“Ante este conflicto social activo, se requiere una diligente atención por parte del despacho judicial señalado, de tal forma que se tomen decisiones orientadas a conducir todo por la vía de la ley y evitar más desenlaces violentos”, señaló Julio Hidalgo, jefe de la Oficina Defensorial de Lambayeque.

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