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Lima, lunes 09 de febrero de 2015

A propósito de colocación de primera piedra en “La Hoyada”.

Defensoría del Pueblo exhorta a cumplir compromisos pendientes a favor de víctimas de la violencia.

Nota de Prensa 028/OCII/DP/2015

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Foto Nota de Prensa
  • Acuerdos para otorgar reparación económica por cada afectación y reapertura del Registro Único de Víctimas aún no se cumplen.

El Defensor del Pueblo (e), Eduardo Vega Luna, exhortó a las autoridades a cumplir con los compromisos pendientes a favor de las víctimas de la violencia 1980-2000, a propósito de la colocación de la primera piedra del cerco perimétrico de lo que será el Santuario de la Memoria en Ayacucho, realizada esta mañana.

“Este cerco permitirá delimitar y proteger la zona destinada al futuro Santuario de la Memoria en Ayacucho, espacio que busca difundir y reflexionar entre las actuales y nuevas generaciones sobre la violencia que nos afectó a todos”, indicó Vega. En ese sentido, invocó al Gobierno Regional de Ayacucho adoptar las medidas necesarias a fin de garantizar que, en el menor tiempo posible, se concluya el cerco y se dé inicio a la construcción del referido Santuario, de tal forma que el predio no sea utilizado para otros fines.

Cabe resaltar que en la ceremonia de la colocación de la primera piedra participaron representantes de la Oficina Defensorial de Ayacucho, autoridades de la Región, así como integrantes del Movimiento Ciudadano por los Derechos Humanos, que reúne, entre otras organizaciones, a Anfasep, Paz y Esperanza, Comisedh, Apoyo para la Paz y Coravip, quienes permanentemente ejercen vigilancia para concretar este pedido.

Asimismo, hace unos días, en una comunicación remitida al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Vega recordó que aún está pendiente la reapertura del Registro Único de Víctimas (RUV), así como cumplir con el pago para cada una de las víctimas conforme lo establece la normatividad del Plan Integral de Reparaciones.

“Existen casi 2,000 beneficiarios/as que no han recibido reparación económica debido al cierre del RUV en diciembre del 2011, y más de 6,500 personas, quienes, teniendo varias afectaciones con derecho a indemnización, solo han recibido el pago por una de ellas. Estas personas no pueden seguir esperando más tiempo para que se reconozca su derecho”, señaló Vega Luna.

El Defensor del Pueblo recordó que existen compromisos suscritos formalmente para atender estas demandas sin que, a la fecha, se hayan adoptado las medidas para llevarlas a cabo. “Confío en que las autoridades del Sector Justicia encaminarán sus esfuerzos para atender a este importante sector de la población, la mayoría de los cuales son ancianos deudos de personas desaparecidas”, puntualizó.

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