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Lima, jueves 18 de diciembre de 2014

La mayoría de casos fueron contra autoridades municipales y regionales.

Defensoría del Pueblo advierte problemas en las investigaciones fiscales por delitos de peculado y colusión en cuatro regiones del país.

Nota de Prensa 246/OCII/DP/2014

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Foto Nota de Prensa

La Defensoría del Pueblo presentó hoy el Informe N°168: “El archivo fiscal de denuncias por peculado y colusión. Estudio realizado en Lima, Áncash, Ayacucho y Junín”, el cual concluye que, tras una revisión de 457 denuncias archivadas por delitos de peculado y colusión durante los años 2012 y 2013, 121 de ellas fueron archivadas inadecuadamente, y que ello responde a múltiples factores que incidieron en la calidad de las investigaciones fiscales.

Según señala el documento, presentado hoy, en las regiones Áncash y Junín los archivos inadecuados llegaron al 32%, en Ayacucho al 29% y en Lima al 14%. Estos archivos fueron el resultado de actuaciones fiscales no ejecutadas o mal planteadas, interpretaciones jurídicas erróneas, valoraciones inadecuadas de los medios probatorios, entre otros criterios.

Uno de los problemas advertidos, es que las investigaciones exceden los plazos máximos establecidos. Los archivos que requirieron el desarrollo de actos de investigación se extendieron, en promedio, 275 días. Estas demoras se deben, principalmente, a la tardanza en iniciar diligencias fiscales, a la inconcurrencia de denunciantes, testigos e investigados y a la demora de las entidades públicas en remitir la información solicitada por el fiscal.

El estudio muestra un análisis de las modalidades más frecuentes en las que se cometen los delitos bajo estudio. Así se determinó que tras las denuncias de peculado (que es la apropiación de bienes y caudales del Estado por parte de funcionarios llamados a su custodia o administración), se registran casos de apropiación de dinero producto de planillas fantasmas en obras y servicios; de apropiación de dinero destinado a obras realizadas con materiales de menor costo, etc. Las denuncias de colusión (el acuerdo para defraudar al Estado), se identifican casos de adecuación de bases en contrataciones públicas; manipulación de términos de referencia, generación de falsas necesidades, etc.

Otra de las dificultades detectadas dan cuenta del alto porcentaje de diligencias que se programaron y no se realizaron; en muy pocos casos se precisa el motivo por el cual no se llevó a cabo la diligencia inicialmente programada, hecho que dificulta realizar una supervisión posterior del trabajo fiscal. En el caso de la toma de declaraciones, se advirtió un alto índice de inconcurrencias: en promedio, el 76% de declaraciones programadas no se efectuaron en la fecha dispuesta, en el 59% de estos casos, el fiscal ya no reprogramó una segunda fecha.

La Defensoría del Pueblo ha hecho llegar sus recomendaciones a la Fiscalía de la Nación y a sus distintas instancias, al igual que al Ministerio de Justicia, la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción, la Contraloría General de la República y demás entidades. Estas recomendaciones buscan impulsar cambios a fin de fortalecer la institucionalidad del Ministerio Público y, por ende, de la capacidad del Estado para perseguir eficazmente la corrupción en el país. (Ver nota completa)

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