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Lima, miércoles 17 de septiembre de 2014

Defensor del Pueblo solicitó al Ministro del Interior medidas de protección para la vida de dirigente indígena Washington Bolívar.

Nota de Prensa 178/OCII/DP/2014

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Foto Nota de Prensa
  • Eduardo Vega insistió en la necesidad de instalar un puesto de control y vigilancia, permanente, en la comunidad nativa de Alto Tamaya-Saweto.

En atención a los graves problemas de inseguridad que afecta a los pueblos indígenas Asháninkas y Kashibo Kakataibo de Ucayali y a las graves amenazas contra la integridad y la vida de Washington Bolivar Diaz, dirigente de la Comunidad Nativa Mariscal Cáceres, provincia y distrito de Padre Abad - Ucayali, el Defensor del Pueblo (e), Eduardo Vega, solicitó al Ministro del Interior, Daniel Urresti, medidas urgentes y eficaces de protección, que permitan salvaguardar la vida e integridad del referido representante indígena.

A través de un oficio dirigido al titular del Ministerio del Interior, el funcionario señala que  Washington Bolivar ha manifestado que en las tierras de su comunidad nativa se vienen cometiendo delitos vinculados con la tala ilegal que han sido denunciados ante las autoridades del Ministerio Público, hecho que pone en peligro su vida y la de los integrantes de su comunidad.

Vega Luna ha puesto en conocimiento del titular del Ministerio del Interior que, en una reunión sostenida el  lunes último con el señor Washington Bolivar, este último ha expresado su desconfianza por la actuación de algunas autoridades de la región Ucayali frente a la grave situación ocasionada por la tala ilegal y, en particular, por la escasa atención que se ha dado a dichas denuncias.

“Nuestra institución considera importante la adopción de medidas urgentes al respecto, a fin de impedir que se repitan hechos tan lamentables como los que acabaron con la vida del jefe de la comunidad de Alto Tamaya-Saweto (Ucayali), Edwin Chota, y los dirigentes Leoncio Quincima, Jorge Ríos y Francisco Pinedo. Ellos perdieron la vida como resultado del accionar delincuencial de taladores ilegales en un contexto en el que los dirigentes denunciaban constantemente la extrema debilidad estatal en la zona así como la situación de vulnerabilidad en la cual se encuentran frente a los madereros ilegales”, señaló Vega.

El funcionario recordó que, actualmente, los familiares de los dirigentes asesinados se encuentran en la ciudad de Pucallpa con temor de regresar a su comunidad. Por ello, insistió en la necesidad de instalar un puesto de control y vigilancia, de carácter permanente, en la comunidad nativa de Alto Tamaya-Saweto, a fin de brindar una atención adecuada a los graves problemas de seguridad que ocasionan las actividades vinculadas al delito de tala ilegal.

Asimismo, Vega Luna instó a que se realicen los operativos policiales que permitan la inmediata ubicación de los restos mortales de todos los dirigentes asesinados y la captura de los criminales responsables de estos hechos.

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