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Lima, miércoles 04 de junio de 2014

Tras cinco años de la tragedia en Bagua.

Defensoría del Pueblo alerta que las tierras de las comunidades necesitan mayor protección del Estado.

Nota de Prensa 106/OCII/DP/2014

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Foto Nota de Prensa
  • Falta de presupuesto y complejidad administrativa dificultan el reconocimiento y titulación de más de 1000 comunidades.

El Defensor del Pueblo (e), Eduardo Vega Luna, recomendó al Ministerio de Agricultura y Riego, fortalecer la política pública en materia de reconocimiento y titulación de comunidades campesinas y nativas, a fin de promover la seguridad jurídica sobre sus tierras comunales y prevenir conflictos sociales relacionados con las mismas.

El funcionario recordó que las protestas registradas en Bagua –hace cinco años- se debieron a que las comunidades no estaban de acuerdo con ciertas normas que se habían emitido, pues consideraban que desprotegían sus derechos de propiedad a las tierras comunales y el acceso a los recursos naturales.
“Lo sucedido en Bagua nos interpeló como sociedad. Nos hizo ver nuestras dificultades para escuchar y atender las razones del otro, y puso en evidencia la urgente necesidad de contar con herramientas –como la consulta previa- que promuevan el diálogo intercultural y eviten que las discrepancias terminen en situaciones violentas”, concluyó Vega Luna.

Por su parte, el jefe del Programa de Pueblos Indígenas, Daniel Sánchez Velásquez, indicó que uno de los temas pendientes en la agenda de nuestro país es la titulación de las tierras comunales. “Las normas que regulan el procedimiento de reconocimiento y titulación de las comunidades son complejas, dispersas y, en algunos casos, contradictorias lo que dificulta su aplicación. Es necesario que, en diálogo con las comunidades, se actualice dicha normativa a fin de simplificar los procedimientos que permitan proteger adecuadamente sus derechos”, anotó.

Dijo que, es innegable que para las comunidades contar con un título de propiedad debidamente registrado, significaría un decisivo avance para la seguridad de sus tierras. El Ministerio de Agricultura debe asumir su rectoría y definir los lineamientos que debe seguir todo el Estado para lograr que las más de mil comunidades nativas y campesinas que aún carecen de reconocimiento y titulación de sus tierras, puedan ver satisfechos sus derechos.

Estas recomendaciones forman parte del informe N° 002-2014-DP/AMASPPI-PPI “Análisis de la política pública sobre reconocimiento y titulación de las comunidades campesinas y nativas”, que fue remitido recientemente por la Defensoría del Pueblo al Ministerio de Agricultura y Riego.

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