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Lima, viernes 31 de enero de 2014

Ante quejas conocidas durante el actual período de matrícula.

Defensoría del Pueblo condena actos discriminatorios en la matrícula escolar.

Nota de Prensa 022/OCII/DP/2014

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Foto Nota de Prensa
  • Se busca  garantizar los derechos a la igualdad y no discriminación.
  • Es inaceptable que escolares sean afectados en su derecho a la educación.

A raíz de las últimas denuncias aparecidas en los medios de comunicación que dan cuenta que algunas instituciones educativas no permiten la matrícula de los estudiantes basándose en motivos discriminatorios, el Defensor del Pueblo (e) Eduardo Vega Luna, rechazó estas prácticas irregulares y exigió que los/las directores/as y autoridades educativas no impidan a los escolares ejercer su derecho a la educación.

Vega enfatizó que “las instituciones educativas deben desarrollar sus actividades dentro del marco legal establecido; y no pueden excluir, separar, impedir o restringir el acceso a la educación de los escolares por motivos discriminatorios, como el color de la piel, sexo, religión, género, condición socio-económica, discapacidad, o por cualquier otro motivo prohibido por nuestra Constitución”.

Se ha conocido el caso de un niño de 4 años de edad que habría sido impedido de matricularse en una institución educativa de Chorrillos por llevar el pelo largo debido a su religión y de un adolescente afroperuano que habría sido impedido de matricularse por el color de su piel. También, se ha denunciado la exigencia de algunos colegios de presentar documentos como: partidas de matrimonio o bautismo como condición para la matrícula. “Todos estos casos deben ser investigados y sancionados ejemplarmente por las autoridades respectivas, tanto en el ámbito administrativo como penal, de ser el caso”, manifestó el funcionario.

Vega dijo que, los niños, niñas y adolescentes tienen el derecho de estudiar y desarrollarse en un espacio libre de todo tipo de discriminación y racismo. “No se pueden aceptar actos discriminatorios que atenten contra su dignidad e interés superior, y resultan más graves si éstas son propiciadas por las propias autoridades educativas que tienen la obligación de garantizar el principio de inclusión que manda la Ley General de Educación, a fin de erradicar esta lacra social”, apuntó.

Por su parte, Gisella Vignolo, Adjunta para los Derechos Humanos y las Personas con Discapacidad, recordó que las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL), tienen la obligación de supervisar que los requisitos o condiciones que imponen los Centros Educativos para las matrículas, no sean arbitrarios, injustificados o se opongan al ordenamiento jurídico. Además, deben orientar y atender las denuncias de los estudiantes y padres de familia ante estos casos graves.

La Defensoría del Pueblo recuerda que, la discriminación es un delito que merece sanciones agravadas en el caso que se realice por parte de funcionarios públicos.

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