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Lima, miércoles 29 de enero de 2014

Porque ponen en riesgo su integridad.

Defensor del Pueblo reitera su rechazo a la utilización de niños, niñas y adolescentes en manifestaciones públicas.

Nota de Prensa 020/OCII/DP/2014

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Foto Nota de Prensa
  • Código Penal sanciona hasta con 4 años de prisión al padre que expone a sus hijos a graves riesgos.

El Defensor del Pueblo (e), Eduardo Vega Luna, reiteró su rechazo a todo intento de utilizar menores de edad en marchas o manifestaciones públicas, ya que ponen en riesgo el derecho a la vida e integridad de los niños, niñas y adolescente, más aún cuando éstas se producen dentro de un contexto de conflicto social.

“Si bien el derecho a la participación de menores en diversos espacios así como su derecho a opinar en asuntos que los afecten es una obligación internacional del Estado peruano consagrada en el artículo 12º de la Convención de Derechos del Niño, el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas ha precisado que permitir la manipulación de los niños por los adultos, ponerlos en situaciones en que se les indica lo que pueden decir o exponer a los niños al riesgo de salir perjudicados por su participación no constituyen prácticas éticas”, explicó Vega.

En ese sentido, el funcionario recomendó a los padres de familia a no llevar a los menores de edad a las marchas que se realicen dentro de un contexto social de conflicto, ya que una manifestación pacífica puede derivar en acciones violentas que vulneren los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes.

Agregó que la exposición a peligro de menores de edad puede dar lugar a medidas severas para los padres de familia, ya que el Código Penal sanciona hasta con cuatro años de prisión al padre que expone a sus hijos a graves riesgos, además de quitarles la patria potestad en caso de que sean condenados por delitos en agravio de sus hijos.

Vega invocó a las autoridades a adoptar las medidas correspondientes para la protección de los derechos fundamentales de las personas, especialmente la de los niños, niñas y adolescentes y cualquier otro sector de la población que se encuentre en estado de vulnerabilidad.

Finalmente, expresó que de acuerdo al Código de los Niños y Adolescentes, es el Ministerio Público quien tiene la función primordial de velar por el respeto de los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes.

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