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Lima, miércoles 08 de enero de 2014

Defensoría del Pueblo rechaza castigos físicos y maltratos a trabajadoras sexuales en Cajamarca.

Nota de Prensa 06/OCII/DP/2014

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Foto Nota de Prensa
  • Rondas urbanas deben respetar los derechos fundamentales de las personas.

La Defensoría del Pueblo rechazó los castigos físicos que las rondas urbanas de Cajamarca aplicaron a  mujeres que se dedican al trabajo sexual en centros nocturnos. Estos castigos constituyen manifiestas vulneraciones a sus derechos fundamentales reconocidos en la Constitución y en tratados de derechos humanos ratificados por el Perú.

Al respecto, Agustín Moreno Díaz, jefe de la Oficina Defensorial de Cajamarca, indicó que las rondas urbanas no pueden castigar o sancionar a ninguna persona. Recordó que, la Corte Suprema en varias Ejecutorias y en un Acuerdo Plenario del 2009 ha señalado que las rondas urbanas no tienen capacidad de administrar justicia y que su naturaleza y competencias son distintas a las de las rondas campesinas. Asimismo, recalcó que todo castigo físico está prohibido para la Justicia Comunal.

Recordó que las mujeres pertenecen a un grupo prioritario de atención por parte del Estado y la sociedad, sobre todo si se encuentran en una situación de especial  vulnerabilidad; como es el caso de las trabajadoras sexuales que, en muchas ocasiones, son explotadas, maltratadas o incluso víctimas del delito de  trata de personas.

El representante de la Defensoría del Pueblo señaló que la existencia de las rondas urbanas constituye una respuesta a la inseguridad ciudadana, por lo que su rol debe ser desarrollado en el marco de los Comités de Seguridad Ciudadana, apoyando a la autoridad policial. “Se trata de reorientar la labor de las rondas urbanas para apoyaren las tareas de seguridad”, agregó el funcionario.

En atención a ello, recomendó a las autoridades competentes, como la Municipalidad Provincial de Cajamarca, el Ministerio Público y la Policía Nacional, a intervenir de forma oportuna y efectiva en los centros nocturnos clandestinos y en aquellos que operan sin las autorizaciones correspondientes. “En estos casos, las rondas urbanas podrían coadyuvar con la labor del municipio, del fiscal y la  Policía Nacional. No los sustituyen en sus funciones, sino que deben colaborar con ellos”, acotó Moreno Díaz.

El funcionario saludó el inicio de las investigaciones por parte del Ministerio Público y del Poder Judicial, en relación a los posibles delitos que  hubieran cometido las personas involucradas, a fin de fijar los  precedentes necesarios y evitar la futura comisión de  este tipo de abusos.

Finalmente, la Defensoría del Pueblo reitera su preocupación ante todo acto que afecte la dignidad de la persona y exhorta al Estado y a la población en general a  actuar en estricto respeto a los principios constitucionales y a los derechos fundamentales que corresponden a todas  las personas, sin distinción.

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