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Lima, martes 15 de octubre de 2013

Obras públicas están paralizadas por falta de pago a constructoras.

Defensoría del Pueblo pide investigar a ONG involucrada en caso de presunta estafa a once municipios en Lambayeque.

Nota de Prensa 166/OCII/DP/2013

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Foto Nota de Prensa
  • Obras interrumpidas están valorizadas en 100 millones de soles y representan riesgos para la vida, integridad y salud de la población.

El Jefe de la Oficina Defensorial de Lambayeque, Julio Hidalgo, solicitó a la Fiscalía investigar a la ONG “Instituto Internacional de Apoyo y Bienestar a la Madre Gestante, Niño y Adolescente”, por un presunto caso de estafa a 11 municipalidades de Lambayeque, lo que ha originado la paralización de obras de saneamiento, pavimentación y veredas, poniendo en riesgo la vida integridad y salud de las personas.

El funcionario precisó que las comunas afectadas en esta región son: Pátapo, Pomalca, Pimentel, Puerto Etén, San José, Zaña, Jayanca, Olmos, Pítipo, Puerto Nuevo y Mesones Muro. “El Ministerio Público deberá investigar ahora qué delitos y quiénes son los responsables por este perjuicio a la población lambayecana”, refirió el representante de la Defensoría del Pueblo.

Manifestó que la presunta estafa se configuró a partir de la firma de irregulares convenios entre los municipios de dichas jurisdicciones y la referida ONG. Según los cuales, explicó,  la ONG se comprometía a buscar financiamiento entre agentes cooperantes para la ejecución de diversas obras públicas a cambio de que las comunas le proporcionen los expedientes técnicos (proyectos de inversión pública con código SNIP viable).

Aclaró que según dichos convenios los municipios no desembolsarían dinero público a la ONG, pero todo indica que fueron utilizados por ella –en el mejor de los casos– para hacer “negocio” con el tema de las obras. “El resultado de ello es, obras públicas inconclusas y abandonadas, contratistas estafados, municipios desprestigiados y miles de personas perjudicadas por ello”, subrayó.

Por su parte el jefe del Programa de Ética Pública y Prevención de la Corrupción de la Defensoría del Pueblo, Eduardo Luna, afirmó que el caso fue remitido al Ministerio Público por ser la institución llamada a investigar la ocurrencia de delitos; también se está acopiando toda la información para enviarla a la Contraloría General de la República, debido a que este caso amerita también una investigación por responsabilidad funcional en las administraciones locales.

Cabe precisar que esta ONG, que supuestamente obtendría fondos del exterior para las obras, ni siquiera se encuentra registrada en la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI). (Ver nota completa)

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