En el marco del Día Mundial de Acceso a la Información Pública, la Defensoría del Pueblo destaca los avances y retos pendientes que tiene el Estado peruano para instituir una cultura de la transparencia en las entidades gubernamentales y garantizar plenamente el derecho fundamental de acceso a la información pública de toda persona.

Resulta pertinente destacar que, a nivel reglamentario, se han precisado un conjunto de obligaciones para los funcionarios responsables y poseedores de información pública; así como establecido cambios en el procedimiento de atención de solicitudes.
  
Sin duda, este esfuerzo se enmarca en el compromiso internacional del Estado peruano de impulsar mejoras de sus niveles de transparencia y acceso a la información pública, contenido en el Plan de Acción de Gobierno Abierto, aprobado mediante Resolución Ministerial Nº 085-2012-PCM.

No obstante, cabe remarcar que una de las carencias que tiene el modelo peruano de acceso a la información pública es la inexistencia de una autoridad autónoma que revise y resuelva en el ámbito administrativo las denegatorias de acceso a la información pública, estableciendo criterios de interpretación y aplicación de las normas de la materia. 

Actualmente, solo se pueden revisar las decisiones de las entidades públicas en el ámbito judicial, concretamente a través de un prolongado proceso de habeas data. En cambio, la experiencia comparada demuestra que este tipo de autoridades facilitan a la población el acceso a información pública de calidad y en tiempo oportuno. Esto último se evidencia en el alto nivel cumplimiento de las resoluciones emitidas por el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) de México, del Consejo para la Transparencia de Chile y de otras comisiones de la información en el mundo.

En ese sentido, la Primera Adjunta (e) al Defensor del Pueblo, Claudia Del Pozo “saluda la creación de un grupo de trabajo dentro de la Comisión para el seguimiento del Plan de Acción de Gobierno Abierto, a fin de evaluar la organización, conformación y las funciones que tendría una autoridad garante del acceso a la información pública en nuestro país”.

De otro lado, la funcionaria exhortó a las máximas autoridades de las entidades públicas que cumplan con implementar un registro de solicitudes de acceso, establecer procedimientos para la reconstrucción de información afectadas por extravío, destrucción o modificaciones indebidas; así como asignar recursos humanos, tecnológicos y presupuestarios para atender adecuadamente las solicitudes de información pública.

Del Pozo resaltó que “la ciudadanía requiere de información pública para ejercer plenamente sus derechos, colaborar en la lucha anticorrupción. Y esto solo será posible si el Estado peruano cuenta con una institución que de manera especializada y autónoma aborde los problemas de fondo que dificultan el acceso oportuno a información pública de calidad”

En esta fecha especial, la Defensoría del Pueblo reafirma su compromiso con el fortalecimiento del sistema democrático del país e invoca a todas las autoridades trabajar arduamente en la erradicación de la cultura del secreto.