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Lima, domingo 25 de agosto de 2013

Es necesario atender secuelas del terrorismo.

Víctimas de la violencia no han recibido una atención adecuada e integral por parte del Estado.

Nota de Prensa 132/OCII/DP/2013

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Foto Nota de Prensa
  • Solo el 33% de las comunidades afectadas ha recibido reparación colectiva y el 37% de beneficiarios accedieron a reparaciones económicas.
  • La búsqueda de miles de personas desaparecidas sigue siendo una de las tareas pendientes.

El Defensor del Pueblo (e), Eduardo Vega, sostuvo que los esfuerzos emprendidos en los últimos diez años por el Estado para atender las secuelas de la violencia ocurrida durante los años 1980-2000 han sido importantes pero insuficientes y no  han estado exentos de dificultades, demoras e, incluso, retrocesos.

Así lo señala el Informe Defensorial Nº 162 “A diez años de verdad, justicia y  reparación. Avances, retrocesos y desafíos de un proceso inconcluso” – publicado hoy en el diario oficial “El Peruano”- presenta un balance sobre los procesos de justicia y reparación. “Apostamos por generar una profunda, serena y responsable reflexión sobre las obligaciones y desafíos que como Estado mantenemos con las víctimas civiles, policías y militares que nos dejó el periodo más trágico y doloroso de nuestra historia reciente”, dijo el Defensor del Pueblo.

El Informe da cuenta del nivel de implementación de los programas del Plan Integral de Reparaciones (PIR), la problemática de las personas desaparecidas y sus familiares, así como los avances y dificultades en materia de investigación y juzgamiento de las graves violaciones a derechos humanos. Además, formula recomendaciones con el fin de contribuir a superar los obstáculos que aún afrontan estos procesos de cara a lograr que el Estado atienda de manera integral, adecuada y eficiente a todas las víctimas de la violencia.

En materia de reparaciones, de los siete programas creados, dos han experimentado diversos avances (reparaciones colectivas y económicas individuales). En efecto, sólo 33% de las comunidades afectadas ha recibido reparación colectiva y 37% de beneficiarios ha recibido reparación económica individual. “El Registro Único de Víctimas (RUV) está cerrado desde diciembre del 2011 y no se ha cumplido con el acuerdo de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN), de aumentar el monto de reparación económica individual. Esto demuestra que lo avanzado ha sido insuficiente y que hay aspectos que deben ser corregidos”, puntualizó Gisella Vignolo, Adjunta para los Derechos Humanos y Personas con Discapacidad.

La funcionaria señaló que el programa de reparación en educación sólo cuenta con lineamientos y se requiere mejorar el mecanismo para que los hijos de las víctimas puedan acceder al plan especial del Programa Beca 18 - Repared. En cuanto a las reparaciones en salud, se ha producido la incorporación de las víctimas al Seguro Integral de Salud (SIS). Las reparaciones de acceso habitacional y restitución de derechos ciudadanos no registran mayores avances.

Al mes de marzo del 2013 el Consejo de Reparaciones acreditó a 182,350 víctimas. De ese universo: 1,034 son miembros de la Policía Nacional; 1,254 de las Fuerzas Armadas; 1,516 de los Comités de Autodefensa y 103,115 civiles. De acuerdo con esta misma fuente, 3,587 personas han fallecido sin recibir reparación económica individual, pese a encontrarse acreditadas en el RUV.

En cuanto a la situación de las personas desaparecidas, Vignolo explicó que existen diversas instancias y procedimientos diferenciados para que los familiares puedan acceder a reparaciones, buscar los restos, exigir justicia, regularizar la situación civil de las víctimas, pero –pese a esos esfuerzos-, no hay un tratamiento integral acorde con la magnitud de la problemática.

“Hasta la fecha no se conoce la cifra real de personas desaparecidas ni de los sitios de entierro. El Consejo de Reparaciones acreditó hasta marzo a 7,399 víctimas mientras que el Ministerio Público, en algún momento informó de aproximadamente 15,000 víctimas”. Por ello, urge que se implemente una política pública integral que impulse la búsqueda, recuperación, identificación y restitución de los miles de desaparecidos, además de brindar acompañamiento psicosocial y atención en salud mental a los familiares”, señaló la funcionaria.

En lo que respecta a la judicialización de las graves violaciones a los derechos humanos, el documento advierte que el esfuerzo inicial del Ministerio Público y el Poder Judicial para conformar un subsistema especializado no se ha logrado consolidar. Por ello, se advierte un avance lento e insatisfactorio. Del universo de casos supervisados: 77 han sido archivados, 36 continúan en investigación preliminar, 39 tienen proceso penal y se han emitido 32 sentencias.

Entre otras, se han observado las siguientes dificultades: i) falta de fortalecimiento integral de las instancias especializadas; ii) concentración de los casos en el Distrito Judicial de Lima; iii) pérdida paulatina de la exclusividad y especialización  de las instancias encargadas de investigar estos casos; iv) no existe un registro de casos de violaciones a derechos humanos; v) falta información para individualizar a los responsables, especialmente por parte del sector defensa, vi) excesiva duración de las investigaciones y procesos; vii) incumplimiento de las medidas de coerción personal; viii) mecanismos de defensa legal para las víctimas y procesados inexistentes o deficientes y ix) falta de un sistema de protección adecuado para las víctimas, sus familiares, testigos, peritos y abogados defensores.  

“El Estado tiene una responsabilidad y obligación ante las víctimas civiles, policías y militares, sus familiares y la sociedad en su conjunto. Nuestra sociedad no debe olvidar su pasado y debe estar preparado para combatir al terrorismo. Asimismo debemos acelerar los procesos de justicia y reparación a las víctimas. Sólo así, será posible aspirar a la paz, a la unión, a la vigencia de los derechos humanos y al respeto entre todos los peruanos”, señaló  el representante de la Defensoría del Pueblo.

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