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Lima, miércoles 24 de julio de 2013

Invoca a dar solución a la huelga que afecta al sector.

Defensoría del Pueblo considera que las medidas de fuerza tomadas por el personal asistencial agravan la salud de las personas más vulnerables.

Nota de Prensa 116/OCII/DP/2013

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Foto Nota de Prensa
  • Existe preocupación por las atenciones ambulatorias dejadas de brindar a nivel nacional.
  • La entrega de hospitales como medida de fuerza va contra el ordenamiento jurídico y puede traer responsabilidades legales.

En el contexto de la supervisión que viene realizando a los servicios de salud, la Defensoría del Pueblo hizo un llamado para que el Ministerio de Salud (Minsa) y la Federación Médica Peruana (FMP) extremen esfuerzos para arribar a una pronta solución a la huelga médica, que lleva ya ocho días afectando a las personas en los diversos establecimientos de salud a nivel nacional, en particular, a los de menores recursos económicos.

La Adjunta para la Administración Estatal, Eugenia Fernán Zegarra, precisó que al cabo de las visitas realizadas a 40 hospitales del país se corroboró que dichas medidas de fuerza vienen afectando principalmente las áreas de consulta ambulatoria, lo que ha originado la suspensión de las atenciones diarias. Por ejemplo, en el hospital regional “Honorio Delgado” de Arequipa se han dejado de brindar 700 atenciones ambulatorias diarias a la fecha.

“Si bien las áreas críticas, como el servicio de emergencia, funcionan con regularidad; el perjuicio que se genera a la población por falta de atención ambulatoria es grave. Esta situación generará también un embalse por la demanda insatisfecha”, manifestó la funcionaria. En ese sentido, Fernán Zegarra recordó que las personas que acuden a los establecimientos lo hacen por una dolencia que afecta su salud. Por ello, cualquier tipo de paralización posterga su atención y su recuperación, más aún si ésta se dilata en el tiempo.

Más adelante, Fernán-Zegarra expresó su preocupación por la “entrega de hospitales” o “renuncias de las jefaturas”, que agravarían la situación de los pacientes y podrían generar procesos de investigación en la vía administrativa y/o judicial. De igual manera, recordó que las renuncias a las jefaturas de los hospitales -para que surtan efectos- deben ser aceptadas por los Directores de dichas instituciones.

Finalmente, mencionó que la institución seguirá atenta al funcionamiento de las áreas críticas y de la situación de las áreas paralizadas en los hospitales a nivel nacional en cumplimiento de su deber constitucional y en resguardo de los derechos de las personas que una vez más son perjudicadas en su salud.

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