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Lima, viernes 31 de mayo de 2013

Hoy presentó Informe Anual al Congreso de la República.

Defensoría del Pueblo atendió a más de 143 mil personas durante el 2012.

Nota de Prensa 102/OCII/DP/2013

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Foto Nota de Prensa
  • Las 38 Oficinas Defensoriales realizaron visitas itinerantes a las poblaciones de mayor pobreza, ubicadas en 701 distritos a nivel nacional.
  • Durante este período, los municipios se constituyeron en las entidades más quejadas.

El Defensor del Pueblo (e), Eduardo Vega Luna, presentó hoy al Congreso de la República, el Decimosexto Informe Anual, mediante el cual se brinda información sobre las actuaciones defensoriales más relevantes realizadas en el ámbito nacional durante el año 2012, destacándose, en esta ocasión, que durante dicho periodo se atendió a 143,281 personas.

Asimismo, el personal que labora en las 28 oficinas y 10 módulos de atención defensorial a nivel nacional, desarrolló visitas itinerantes a 701 distritos ubicados en los lugares que exhiben los índices más altos de pobreza y extrema pobreza de nuestro país, donde realizó supervisiones sobre el funcionamiento de escuelas, postas médicas, municipalidades, servicios públicos, comisarías y demás entidades públicas. Durante los referidos viajes, se atendió 24,130 casos, entre quejas, petitorios y consultas.

Con relación a las instituciones más quejadas, las municipalidades provinciales registran la mayor cantidad de quejas: 6,842. A continuación aparecen las direcciones regionales de educación, la Oficina de Normalización Previsional (ONP), las direcciones regionales de salud, el Poder Judicial, la Policía Nacional del Perú (PNP), EsSalud, los gobiernos regionales, el Ministerio de Educación y las empresas prestadoras de servicios de saneamiento.

Cabe señalar que la mayoría de quejas estuvo vinculada con la afectación de diversos derechos fundamentales, como el de contar con un buen funcionamiento de la administración pública, seguridad social y laboral, educación, acceso a la justicia, salud, servicios públicos, vida e integridad personal, libertad personal, acceso a la información, medio ambiente, identidad y ciudadanía, entre otros.

Durante este período, la Defensoría del Pueblo presentó diversos documentos e investigaciones que contienen recomendaciones y planteamientos a las entidades del Estado para mejorar su actuación y garantizar el ejercicio de los derechos de todas las personas, sin discriminación alguna.

Así, el Informe Defensorial Nº 156, denominado «Violencia en los conflictos sociales», se elaboró en concordancia con la línea de trabajo que mantiene hasta el momento, con el ánimo de contribuir a mejorar la gestión y resolución de la conflictividad social en el país, prevenir su escalamiento hacia la violencia, alertar sobre sus riesgos e investigar sus causas inmediatas y estructurales.

De otro lado, la institución ha enfatizado su labor en la situación de los niños, niñas y adolescentes, a fin de que sean una prioridad en la agenda del Estado y de la sociedad en su conjunto, pues el enorme potencial y vigor de la niñez y la juventud reposa en gran medida el futuro del país.

En esa medida, se publicó el Informe Defensorial Defensorial Nº 157, denominado «Sistema penal juvenil», en el que se señaló que, entre las acciones estatales para proteger a los menores de edad, no puede ignorarse ni dejarse de lado a aquellos adolescentes que cometan infracciones de la ley penal, ya que merecen una especial atención precisamente por el contexto en el que se encuentran, debiéndose canalizar adecuadamente sus capacidades.

Del mismo modo, en el Informe Defensorial Nº 158, titulado «La trata de personas en agravio de niñas, niños y adolescentes», se ha resaltado la problemática que involucra a menores de edad con necesidad de trabajos que les permitan subsistir y apoyar la precaria situación económica de sus familias. Esta circunstancia los expone a diversos peligros y los hace vulnerables a la captación de personas y redes criminales de explotación. Por ello, el Estado está en la obligación de adoptar respuestas inmediatas y urgentes en el campo social.

Por otro lado, en el Informe Defensorial Nº 159, denominado «Balance del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat): Propuestas para una atención adecuada de las víctimas», se recomendó incentivar el compromiso de diseñar una política pública contundente en materia de seguridad vial, capaz de reducir el número de accidentes de tránsito y de proteger debidamente a las víctimas que causa.

También se elaboró informes temáticos respecto de las facturaciones excesivas por consumos de agua potable y alcantarillado, la situación de las comisarías a nivel nacional, los mecanismos de atención a las víctimas del delito en el nuevo Código Procesal Penal, la migración internacional, la transparencia y el acceso a la información pública, los problemas relacionados con el cumplimiento de beneficios del personal militar y policial fallecido o que resultó con invalidez, el cumplimiento de la Ley de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres, las reparaciones a las víctimas de la violencia en el Plan Integral de Reparaciones, entre muchos otros temas que afectan de diverso modo a la población.

El Decimosexto Informe Anual sintetiza las preocupaciones y los planteamientos que la Defensoría del Pueblo viene señalando en estos y otros temas prioritarios, y constituye una invocación firme al Estado y a la sociedad para afrontar estos retos de manera conjunta, reiterándose el compromiso institucional por los derechos humanos, el desarrollo humano y la búsqueda constante de soluciones que no impliquen claudicar en la construcción de la democracia ni en el respeto al Estado de Derecho.

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