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Para los derechos de los pueblos indígenas:
Ley de Consulta

Los pueblos indígenas constituyen un grupo al que la Defensoría del Pueblo brinda una especial atención mediante el Programa de Pueblos Indígenas.

El principal instrumento internacional, jurídicamente vinculante, dedicado a los derechos de los pueblos indígenas, es el Convenio N° 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Este instrumento, que fue ratificado por el Perú en 1993, entró en vigencia en 1995 con disposiciones de cumplimiento obligatorio que incluían una referida al derecho a la consulta.

Para facilitar el cumplimiento de esta obligación, el 6 de julio del 2009, en uso de su facultad constitucional de iniciativa legislativa, la Defensora del Pueblo, Beatriz Merino, presentó ante el Congreso de la República el Proyecto de Ley Marco del Derecho a la Consulta de los Pueblos Indígenas, con el propósito de contribuir a la implementación normativa del referido derecho.

El 19 de mayo del 2010, el Congreso de la República aprobó, por 62 votos a favor, 7 en contra y 6 abstenciones, la Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios reconocido en el Convenio N° 169 de la OIT.

El 21 de junio del 2010, el Poder Ejecutivo dirigió al Congreso de la República ocho observaciones a la autógrafa de la Ley de Consulta.

El 23 de agosto del 2011, el Pleno del Congreso de la República aprobó por unanimidad la Ley de Consulta a los Pueblos Indígenas, sobre la base de la propuesta de la Defensoría del Pueblo y el consenso de los representantes de las organizaciones indígenas.

Esta norma constituye un paso trascendental en el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas para institucionalizar el diálogo intercultural entre éstos y las autoridades del Estado.

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